Investigación

Derechos Humanos

Derecho a la verdad

Recordemos las palabras de Cancado Trindade en su Voto Razonado en el caso "Bulacio versus Argentina (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18.09.2003):

"El rechazo de la indiferencia y del olvido, y la garantía de no-repetición de las violaciones, son manifestaciones de los lazos de solidaridad entre los victimados y los potencialmente victimables, en el mundo violento y vacío de valores en que vivimos. Es, en última instancia, una expresión elocuente de los lazos de solidaridad que unen los vivos a sus muertos . (...)" (párrs. 30, 33, 35 y 33-40).

Un pueblo olvida cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente”, dijo el historiador judío Yosef Hayim Yerushalmi.

Expresiones de la historiadora  Dora Schwarzstein: La generación poseedora del pasado conserva como deuda con las que le siguen la transmisión de los sucesos de su tiempo, debiendo encargarse, asimismo, de que el pasado no sea rechazado. (Armando Kletnicki)


E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 ONU-ECOSOC La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet:  PRINCIPIOS DE JOINET


 El derecho a la verdad: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - A/HRC/5/7 - 7/6/2007

El derecho a la verdad en materia de violaciones manifiestas de los derechos humanos es un derecho inalienable y autónomo, vinculado al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos y a su obligación de efectuar investigaciones eficaces y garantizar recursos efectivos y reparación apropiada.
También se indicó que este derecho está vinculado con otros derechos y tiene aspectos tanto individuales como colectivos, y ha de considerarse un derecho intangible y no debe estar sujeto a restricciones.

"El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación" (E/CN.4/2006/91, párr. 59).

Desde el punto de vista conceptual, este derecho ocupa un lugar central y básico en el contexto de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de la justicia.
 

 



Textos claves vigentes:


♦ "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones" (resolución 60/147, anexo)

♦ "Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad" (E/CN.4/2005/102/Add.1)

♦   El derecho a la verdad: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/12/19 - 21/8/2009

Estudio sobre las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo del derecho a la verdad, en particular las prácticas relacionadas con los archivos y los expedientes de violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como los programas de protección de los testigos y otras personas que tomen parte en juicios por tales violaciones.

♦   EL DERECHO A LA VERDAD: Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos - AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09) - 4/6/2009 (OEA)

♦   EL DERECHO A LA VERDAD: Consejo de Derechos Humanos (ONU) - A/HRC/12/L.27 - 25/9/2009


 

♦   ♦   ♦

 

   Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad


 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: Impunidad 

Informe de Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar
el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad (ONU)
E/CN.4/2005/102/Add.1 - 8/2/2005

 

 

I. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: OBLIGACIONES GENERALES

Principio 1. Obligaciones generales de los Estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad

 

 

II. DERECHO A SABER
A. Principios generales


Principio 2.
El derecho inalienable a la verdad
Principio 3. El deber de recordar
Principio 4. El derecho de las víctimas a saber
Principio 5. Garantías para hacer efectivo el derecho a saber

 

B. Comisiones de investigación

 

Principio 6. Establecimiento y función de las comisiones de la verdad
Principio 7. Garantías de independencia, imparcialidad y competencia
Principio 8. Delimitación del mandato de una comisión
Principio 9. Garantías relativas a las personas acusadas
Principio 10. Garantías relativas a las víctimas y a los testigos que declaran a su favor
Principio 11. Recursos adecuados para las comisiones
Principio 12. Función de asesoramiento de las comisiones
Principio 13. Publicidad de los informes de las comisiones

 

C. Preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones

 

Principio 14. Medidas de preservación de los archivos
Principio 15. Medidas para facilitar la consulta de los archivos
Principio 16. Cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación
Principio 17. Medidas específicas relativas a los archivos de carácter nominativo
Principio 18. Medidas específicas relativas a los procesos de restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas

 

 

III. DERECHO A LA JUSTICIA
A. Principios generales

Principio 19. Deberes de los Estados en materia de administración de la justicia

 

B. Delimitación de competencias entre las jurisdicciones nacionales, extranjeras, internacionales e internacionalizadas

Principio 20. Competencia de los tribunales penales internacionales e internacionalizados
Principio 21. Medidas para reforzar la eficacia de los principios jurídicos internacionales relativos a la competencia universal e internacional


C. Medidas restrictivas incorporadas a determinadas normas del derecho que se justifican por la lucha contra la impunidad

Principio 22. Carácter de las medidas restrictivas
Principio 23. Restricciones a la prescripción
Principio 24. Restricciones y otras medidas relativas a la amnistía
Principio 25. Restricciones al derecho de asilo
Principio 26. Restricciones a la extradición/non bis in idem
Principio 27. Restricciones a las justificaciones que puedan vincularse a la obediencia debida, la responsabilidad superior y el carácter oficial
Principio 28. Restricciones a los efectos de las leyes sobre divulgación o sobre arrepentidos
Principio 29. Restricciones a la competencia de los tribunales militares
Principio 30. Restricciones al principio de inamovilidad de los jueces

 

IV. DERECHO A OBTENER REPARACIÓN/GARANTÍAS DE QUE NO SE REPITAN LAS VIOLACIONES
A. Derecho a obtener reparación

Principio 31. Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar
Principio 32. Procedimientos de reparación
Principio 33. Publicidad de los procedimientos de reparación
Principio 34. Ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación


B. Garantías de no repetición de las violaciones

Principio 35. Principios generales
Principio 36. Reforma de las instituciones estatales
Principio 37. Desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales/desmovilización y reintegración social de los niños
Principio 38. Reforma de las leyes e instituciones que contribuyen a la impunidad.

 


 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La cuestión del derecho a la verdad se suscitó los siguientes casos:

    Caso Bámaca Velásquez: Sentencia del 25/11/2000, sobre la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez, líder de un grupo guerrillero, en manos del ejército guatemalteco.

    Caso Barrios Altos, Sentencia del 14/3/2001, sobre un asalto y tiroteo en un edificio de apartamentos en Lima, Perú, que arrojó un saldo de quince muertos y cuatro heridos y que, según se denunció, fue obra de miembros del “Grupo Colina”, un escuadrón de la muerte de los servicios de inteligencia del ejército peruano.

En ambos casos, la Corte entendió que se había infringido el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos que se denunciaban, pero que no era necesario considerar este aspecto por separado, porque en ambos casos, la cuestión se trataba como parte de la violación de los artículos 8 y 25.


 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

CASOS:

Caso 10.948, Informe Nº 13/96, El Salvador, 1 de marzo de 1996.

Caso 11.303, Informe Nº 29/96, Guatemala, Carlos Ranferí Gómez López, 16 de octubre de 1996.

Caso 10.548, Informe Nº 38/97, Perú, Hugo Bustíos Saavedra, 16 de octubre de 1997.

Caso 11.221, Informe Nº 3/98, Colombia, Tarcisio Medina Charry, 7 de abril de 1998.

Caso 11.739, Informe Nº 50/99, México, Héctor Félix Miranda, 13 de abril de 1999.

Caso 11.740, Informe Nº 130/99, México, Víctor Manuel Oropeza, 19 de noviembre de 1999.

Casos 9768, 9780 y 9828, Nº 01/90, México, 17 de mayo de 1990.

Caso 11.430, Informe Nº 43/96, México, José Francisco Gallardo Rodríguez, 15 de octubre de 1996.

Caso 11.610, Informe Nº 49⁄99, México, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Alberto Barón Guttlein, y Rodolfo Izal Elorz, 13 de abril de 1999.

Caso 10.325, Informe Nº 2/96, Grenada, Steve Clark y otros, 1 de marzo de 1996.

Caso 11.230, Informe Nº 11/96, Chile, Francisco Martorell, 3 de mayo de 1996.

Caso 11.012, Informe Nº 22/94, Argentina, Horacio Verbitsky, 20 de septiembre de 1994 (Solución amistosa).

Caso 11.317, Informe Nº 20/99, Perú, Rodolfo Robles Espinoza e hijos, 23 de febrero de 1999.

Caso 9178, Informe Nº 17/84, Costa Rica, Stephen Schmidt, 3 de octubre de 1984

Caso 7778, Resolución Nº 16/82, Guatemala, Obispo Juan Gerardi, 9 de marzo de 1982.

Caso 9855, Resolución Nº 20/88, Haití, Nicolás Estiverne, 24 de marzo de 1988.

Caso 10.580, Informe Nº 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septiembre de 1995.

Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.595, 11.657 y 11.705, Informe Nº 25/98, Chile, Alfonso René Chanfeau Oracye y otros, 7 de abril de 1998.

Caso 10.480, Informe Nº 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, Jose Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero de 1999.

Caso 10.488, Informe Nº 136/99, El Salvador, Ignacio Ellacuría y otros, 22 de diciembre de 1999.

Caso 11.481, Informe Nº 37/00, El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, 13 de abril de 2000.

Caso 12.142, Informe Nº 55/00, Chile, Alejandra Marcela Matus Acuña y otros, 2 de octubre de 2000 (Admisibilidad).

Caso 12.085, Informe 1/01, Perú, Ana Elena Townsend Diez-Canseco y otros, 19 de enero de 2001 (Admisibilidad)

Caso 11.552, Informe Nº 33/01, Brasil, Julia Gomes Lund y otros, 6 de marzo de 2001 (Admisibilidad).

Caso 11.571, Informe Nº 77/01, Chile, Humberto Antonio Palamara Iribarne, 10 de octubre de 2001 (Admisibilidad).

Caso 11.870, Informe Nº 87/01, Santa Lucia, Radyo Koulibwi, 10 de octubre de 2001 (Admisibilidad).

Case 11.500, Informe Nº 119/01, Uruguay, Tomas Eduardo Cirio, 16 de octubre de 2001 (Admisibilidad).

Caso 12.367, Informe N° 128/01, Costa Rica, Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del diario “La Nación”, 3 de diciembre de 2001 (Admisiblilidad).

Caso 12.352, Informe Nº 14/02, , Guatemala, Bruce Campbell Harris Lloyd, 28 de febrero de 2002 (Admisibilidad)

Caso 12.360, Informe Nº 71/02, Panamá, Santander Tristán Donoso, 24 de octubre de 2002 (Admisibilidad).

Caso 12.108, Informe Nº 60/03, Chile, Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola, y Arturo Longton Guerrero, 10 de octubre de 2003 (Admisibilidad).

Caso 12.213, Informe Nº 73/03, Brasil, Aristeu Guida Da Silva, 22 de octubre de 2003 (Admisibilidad).

 



Derecho a la verdad (Corte Interamericana de Derechos Humanos):

El “derecho a la verdad” es un concepto que ha evolucionado durante los últimos años en el sistema interamericano.

Inicialmente, la Comisión consideró que se trataba del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme al Artículo 25.[1: Caso 10.580, Informe Nº 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septiembre de 1995]

La interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera, por lo menos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se basa no solo en el Artículo 25, sino también en los artículos 1(1), 8 y 13 de la Convención.[2]

El informe realizado por la Comisión sobre un grupo de casos de Chile en 1998 constituyó la primera ocasión en que la Comisión consideró el Artículo 13 dentro del marco del derecho a la verdad, así como la primera vez que la Comisión reconoció que este derecho pertenece a los miembros de la sociedad en general, así como a las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos.[3]

En este grupo de casos, los peticionarios sostuvieron que la constante aplicación de la ley de amnistía en Chile violaba los derechos de las víctimas de la represión durante el régimen de Pinochet. Conforme a la ley, se perdonaban los crímenes cometidos entre 1973 y 1978, impidiéndose la investigación y sanción de los delitos y acordándose impunidad a sus responsables. La Comisión consideró que el Estado había violado, entre otros, el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad acerca de lo ocurrido en Chile. La Comisión observó que esta obligación surge de los artículos 1(1), 8, 25 y 13 de la Convención. Además, la Comisión manifestó que cuando se dictan amnistías, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para establecer los hechos e identificar a los responsables. La Comisión también señaló que “[t] oda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” [4] Además, la Comisión señaló que “[l]a interpretación que ha hecho la Corte en el caso Castillo Páez … sobre las obligaciones genéricas del artículo 1.1, permiten concluir que el 'derecho a la verdad' surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado parte”.[5]

La Comisión volvió a tratar esta cuestión en el marco de las leyes de amnistía, con motivo de un caso en 1999, relativo a El Salvador.[6] Los peticionarios denunciaron que varios agricultores habían sido arrestados y torturados por unidades del ejército salvadoreño durante un conflicto armado interno y que dos de los detenidos habían fallecido a raíz de las torturas. Tras la firma de un acuerdo de paz en 1992, se estableció una Comisión de la Verdad con el cometido de investigar actos graves de violencia ocurridos durante el conflicto armado y de poner en conocimiento del público sus descubrimientos. En 1993, el Estado aprobó una ley de amnistía que anuló las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y eliminó la posibilidad de que se investigara y se aplicaran sanciones legales a los responsables de actos de violencia ilegítima. La Comisión consideró que el Estado había violado los derechos de los peticionarios y de la sociedad en general a conocer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en El Salvador y de la identidad de quienes las habían perpetrado. Como en el caso anterior, la Comisión señaló que el derecho al conocimiento de la verdad emana de los artículos 1(1), 8, 25 y 13 de la Convención, pero no manifestó expresamente que se hubiera infringido el Artículo 13. Además, la Comisión sostuvo que el derecho a la verdad es “un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y, un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a obtener y a recibir información, especialmente en los casos de desaparecidos, con relación a los cuales la Corte y la Comisión han establecido que el Estado está obligado a determinar su paradero”.[7]

La Comisión constató una violación del Artículo 13 respecto del derecho a la verdad en otro caso en 1999, también en El Salvador.[8] En ese caso, seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta habían sido ejecutados extrajudicialmente por personal militar. Se atribuyó los asesinatos a un grupo disidente armado, pero un informe de la Comisión de la Verdad indicaba que los responsables de esas muertes eran integrantes de las Fuerzas Armadas. El Estado condenó a dos militares pero los liberó tras la aprobación de una ley de amnistía. La Comisión, al constatar que se había violado el derecho a la verdad, señaló que el Estado tiene el deber de brindar a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general, información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos y acerca de la identidad de sus perpetradores, afirmando, asimismo, que este derecho emana de los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13. Por primera vez en este tipo de casos, la Comisión manifestó expresamente que el Estado había violado el Artículo 13, señalando que " la Convención Americana protege el derecho a acceder y a recibir información en su artículo 13”.[9]

En el caso de la ejecución extrajudicial de Monseñor Oscar Romero en El Salvador, planteado en 2000, la Comisión reiteró su posición de que el derecho a la verdad emana del Artículo 13.[10] Se denunció que Monseñor Oscar Romero había sido asesinado por agentes del Estado integrantes de escuadrones de la muerte y que el Estado, ulteriormente, no había investigado las circunstancias de su muerte ni había sometido a los responsables a la justicia. La Comisión consideró que el Estado había infringido sus deberes de brindar a la sociedad y a los familiares de la víctima la verdad acerca del alcance de las violaciones, así como la identidad de quienes las habían consumado. Como en casos anteriores, la Comisión señaló que las obligaciones del Estado con los familiares directos de las víctimas y con la sociedad en general, emanan de los artículos 1(1), 8, 25 y 13 de la Convención. Si bien la Comisión no constató una violación directa del Artículo 13, basó en éste su análisis del deber que tiene el Estado de dar a conocer la verdad. La Comisión señaló que el Artículo 13 protege el derecho de la sociedad a obtener y recibir información y que el derecho a la verdad forma parte del derecho de los familiares de las víctimas a una reparación.

La cuestión del derecho a la verdad se suscitó ulteriormente en dos casos que consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[11] El primero de éstos guardó relación con la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez, líder de un grupo guerrillero, en manos del ejército guatemalteco. Y el caso Barrios Altos se refirió a un asalto y tiroteo en un edificio de apartamentos en Lima, Perú, que arrojó un saldo de quince muertos y cuatro heridos y que, según se denunció, fue obra de miembros del “Grupo Colina”, un escuadrón de la muerte de los servicios de inteligencia del ejército peruano. En ambos casos, la Corte entendió que se había infringido el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos que se denunciaban, pero que no era necesario considerar este aspecto por separado, porque en ambos casos, la cuestión se trataba como parte de la violación de los artículos 8 y 25.

 


NOTAS:

[1] Caso 10.580, Informe Nº 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septiembre de 1995. La Comisión abordó el tema del derecho a la verdad por primera vez en 1995, con motivo del caso de la desaparición de Manuel Bolaños, en Ecuador. Se denunció que miembros del Cuerpo de Infantería de Marina del Ecuador habían puesto bajo custodia al señor Bolaños para examinar sus documentos de identificación y que nunca volvió a saberse de él. Tras la desaparición del señor Bolaños, su familia interpuso recursos de habeas corpus ante los tribunales competentes. Este recurso fue rechazado. Casi dos años después de la desaparición del señor Bolaños, sus familiares recibieron información de que había fallecido mientras se encontraba bajo custodia de la Infantería de Marina y que se había iniciado una investigación en torno a su muerte. Sin embargo, el gobierno nunca determinó la responsabilidad de quienes, según las denuncias, torturaron y ultimaron al señor Bolaños. La Comisión constató numerosas infracciones en el caso, entre ellas la violación del derecho de los familiares a conocer la verdad acerca de lo ocurrido al señor Bolaños, de las circunstancias de su detención y fallecimiento y de la ubicación de sus restos. La Comisión señaló que este derecho surge de la obligación que tiene el estado de usar todos los medios a su alcance para investigar seriamente las violaciones cometidas en su jurisdicción a fin de identificar a los responsables. (Id. en “Análisis”, Sección II, párrafo 45, citando la sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, del 29 de Julio de 1988, párrafo 166). La Comisión señaló que, en virtud de que los tribunales se abstuvieron inicialmente de investigar la desaparición del señor Bolaños, el estado no informó a los familiares acerca de la muerte del señor Bolaños o de la ubicación de sus restos y de la demora en dar comienzo a la investigación que finalmente se llevó a cabo, el estado había violado el derecho de la familia a la justicia y al conocimiento de la verdad.

[2] En algunos casos, la Comisión no ha invocado el Artículo 13 dentro del marco de casos sobre el derecho a la verdad. Véase, por ejemplo Caso 10.258, Informe Nº 1/97, Ecuador, Manuel García Franco, 12 de marzo de 1997; Caso 10.606, Informe Nº 11/98, Samuel de la Cruz Gómez, Guatemala, 7 de abril de 1998; Caso 11.275, Informe Nº 140/99, Guatemala, Francisco Guarcas Cipriano, 21 de diciembre de 1999; Casos 10.588 (Isabela Velásquez y Francisco Velásquez), 10.608 (Ronal Homero Nota y otros), 10.796 (Eleodoro Polanco Arévalo), 10.856 (Adolfo René y Luis Pacheco del Cid) y 10.921 (Nicolás Matoj y otros), Informe Nº 40/00, Guatemala, 13 de abril de 2000. Un examen de los hechos de varios casos referidos al derecho a la verdad pareciera indicar que la para la Comisión el Artículo 13 reviste suma importancia en los casos relacionados con leyes de amnistía. Esto obedece al hecho de que cuando se promulga una ley de amnistía, no queda oportunidad para la acción judicial contra los responsables de los delitos y la información es el único medio por el cual los familiares de las víctimas pueden obtener alguna forma de reparación. Además, en esos casos la información es esencial porque los miembros de la sociedad deben tener noción de los abusos que se haya cometido para vigilar y evitar su repetición en el futuro.

[3] Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.595, 11.657 y 11.705, Informe Nº 25/98, Chile, Alfonso René Chanfeau Oracye y otros, 7 de abril de 1998.

[4]Ibídem, párrafo 92, citando el Informe Anual de la CIDH, 1985-86 páginas 193.

[5] Ibídem, párrafo 87, citando la sentencia en el caso Castillo Paéz, del 3 de noviembre de 1997 párrafo 86.

[6] Caso 10.480, Informe Nº 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, Jose Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero de 1999.

[7] Ibídem, párrafo 150.

[8] Caso 10.488, Informe Nº 136/99, El Salvador, Ignacio Ellacuría y otros, 22 de diciembre de 1999.

[9]Ibídem, párrafo 224.

[10] Caso 11.481, Informe Nº 37/00, El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, 13 de abril de 2000.

[11] Caso Bámaca Velásquez, Sentencia del 25 de noviembre de 2000; Caso Barrios Altos, Sentencia del 14 de marzo de 2001.

| Más