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A ambas concubinas les corresponde participar en la pensión por haber convivido con el fallecido durante los últimos cinco años de su vida: Fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (18/3/2009)

Pues, las dos mujeres  probaron  similar convivencia los últimos cinco años de vida del causante, sin que exista evidencia rotunda de la mala fe de alguna de ellas.

 
 
Caso de concurrencia pensionaria de las dos concubinas que acreditaron haber convivido con el fallecido durante los últimos cinco años de su vida.
  
 
A los fines del régimen de la seguridad social aplicable al caso que resolvió la Suprema Corte de Justica bonaerese,  el 18/3/2009,   la unión de pareja debe evidenciar una cierta comunidad entre los convivientes, con rasgos de notoriedad. En tal sentido, la normativa aprehende una situación fáctica que exige convivir en forma pública en aparente matrimonio
 
En un singular caso, dos mujeres acreditaron esa circunstancia en la esfera administrativa. A las dos el causante dispensó el trato de tales. A una la impuso como beneficiaria en su seguro de vida y con ella, exhibiéndose cual pareja estable, compartió amigos y reuniones. La otra compañera estuvo presente en su vida con similar presencia; la utilización de sus servicios sociales y el trato de "esposa" que se le daba frente a su familia, entre otros datos objetivos, así lo revelan.
 
Ambas aportaron al proceso numerosos comprobantes de compras de artículos del hogar a nombre del afiliado en el que éste declara como domicilio uno u otro. Lo mismo puede decirse en relación a los contratos suscriptos por el causante, en los que él mismo fija su residencia en una u otra casa.
 
En resumen: el expediente da cuenta de dos mujeres que han probado similar convivencia los últimos cinco años de vida del causante, sin que exista evidencia rotunda de la mala fe de alguna de ellas.
 
Así las cosas, llevaban razón la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado cuando aconsejaron otorgar la prestación a las dos peticionantes coparticipando en el goce de la prestación en partes iguales.
 
La misma decisión adoptó la Suprema Corte bonaerense, con fecha 18 de marzo de 2009, en la causa B. 56.739, "G. , M. F. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Demanda contencioso administrativa".
 
DEL VOTO DEL DR.SORIA (mayoría):
 
[...] se presentaron ante el Instituto de Previsión Social reclamando el beneficio de pensión las señoras M. E. G. (fs. 3 y siguientes) y M. F. G. (fs. 56 y siguientes), ambas invocando la condición de conviviente en aparente matrimonio con el causante por más de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
 
13. La Asesoría General de Gobierno, luego de efectuar la reseña de los elementos probatorios aportados por las peticionantes, concluyó que ambas habían logrado acreditar el carácter de convivientes en aparente matrimonio con el causante en los últimos 5 años de su vida. Por lo que aconsejó la revocatoria de la resolución cuestionada y el reconocimiento a G. de su derecho a coparticipar en el beneficio pensionario (fs. 326 a 328).
 
14. A su turno, la Fiscalía de Estado, coincidió con el organismo preopinante y aconsejó el reconocimiento del derecho a coparticipar en la prestación previsional en favor de la señora G. (fs. 329/330).
 
15. La Comisión de Prestaciones del organismo previsional, luego de analizar la prueba que estimó conducente, concluyó que la documentación agregada por la demandante revelaba que el período de su convivencia era anterior al que había acreditado G. , por lo que consideró que debía revocarse la resolución dictada, acordarse la pensión a esta última, denegarse la petición de G. y formularse cargo deudor por los haberes percibidos hasta el momento (fs. 340/350).
 
16. Con fecha 2 de diciembre de 1993 se dictó la resolución que se cuestiona en autos, en los términos indicados por la Comisión de Prestaciones del organismo previsional (fs. 355/356). 
 
 
VI. Tal como han quedado expuestos los antecedentes de la causa cabe hacer lugar parcialmente a la pretensión incoada. La prueba producida en las actuaciones administrativas y en esta instancia dan cuenta de elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que el señor U. mantuvo una relación de pareja estable en forma simultánea con ambas peticionantes, al menos durante los últimos cinco años de su vida.
 
VII. A los fines del régimen de la seguridad social aplicable al caso, la unión de pareja debe evidenciar una cierta comunidad entre los convivientes, con rasgos de notoriedad. En tal sentido, la normativa aprehende una situación fáctica que exige convivir en forma pública en aparente matrimonio (art. 34, dec. ley 9650/1980 y sus reformas).
 
1. En el caso, ambas interesadas acreditaron esa circunstancia en la esfera administrativa. A las dos el causante dispensó el trato de tales. A una la impuso como beneficiaria en su seguro de vida y con ella, exhibiéndose cual pareja estable, compartió amigos y reuniones. La otra compañera estuvo presente en su vida con similar presencia; la utilización de sus servicios sociales y el trato de "esposa" que se le daba frente a su familia, entre otros datos objetivos, así lo revelan.
 
Ambas aportaron al proceso numerosos comprobantes de compras de artículos del hogar a nombre del afiliado en el que éste declara como domicilio uno u otro. Lo mismo puede decirse en relación a los contratos suscriptos por U. , en los que él mismo fija su residencia en una u otra casa.
 
En resumen: el expediente da cuenta de dos mujeres que han probado similar convivencia los últimos cinco años de vida del causante, sin que exista evidencia rotunda de la mala fe de alguna de ellas.
 
Así las cosas, llevaban razón la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado cuando aconsejaron otorgar la prestación a las dos peticionantes coparticipando en el goce de la prestación en partes iguales.
 
2. Estamos en presencia de una situación que, con ser peculiar o si se quiere un tanto atípica en vista de las modalidades habituales que adquieren los vínculos de pareja estables, no importa un óbice jurídico insalvable a los fines de su admisión y del consiguiente abordaje en el marco del régimen de protección al que se orienta la seguridad social. Conclusión que se afirma singularmente en la presente controversia, por cuanto la presunción contraria al reconocimiento del estatus de concubina que encierra una pluralidad convivencial ha sido desvirtuada por la prueba rendida tanto en sede administrativa como ante este Tribunal.
 
A la luz del programa por el que con autonomía discurre la existencia de cada persona (art. 19, Const. nac.) y ponderando el estado actual de las plurales modalidades culturales y sociales que ofrece la vida de relación, ciertos atributos normativos propios del régimen matrimonial (v. gr. los arts. 198 y 199 del Código Civil) no pueden ser mecánicamente aplicados, ni acaso ser utilizados como guía inexcusable de valoración, a otras uniones que no siempre son el espejo de un matrimonio no celebrado. En el caso del concubinato, sin bien han de estar presentes las notas de estabilidad y seriedad en la consolidación del vínculo no siempre es válido acudir sin mas ni enteramente a la "vara matrimonial", en tanto la unión de hecho podría ser una alternativa libre y consciente de los convivientes excluyente del matrimonio.
 
Se explica entonces por qué un supuesto de concurrencia como el que exhibe la litis, no contemplado en el texto legal pero tampoco expresamente vedado, puede parangonarse con otra situaciones de concurrencia previstas en la normativa previsional (arg. arts. 171, Const. prov.; 34 inc. 1, dec. ley 9650/1980 y sus reformas) sin afectar los fundamentos que inspiran dicho régimen legal, toda vez que el fin esencial de tales normas es la protección del afiliado y de su grupo familiar ante el acaecimiento de las contingencias de vejez, invalidez o muerte. Específicamente la pensión procura compensar el desequilibrio económico que produce en el grupo conviviente la muerte de uno de sus miembros económicamente activos. Y en la interpretación de tales normas, en particular, las que regulan el acceso a esta clase de beneficios, la directiva primordial es actuar con prudencia, a fin de evitar que su inteligencia pueda llevar a la pérdida de un derecho a aquéllos a quienes las leyes han querido proteger (B. 58.860, sent. de 12-II-2003; B. 59.556, sent. de 10-IX-2003; I. 2104, sent. de 3-XI-2004 y sus citas).
 
VIII. Por los fundamentos expuestos, juzgo que debe hacerse lugar parcialmente a la demanda, anulándose las resoluciones impugnadas y reconociendo el derecho de la señora M. F. G. a coparticipar en el goce de la pensión derivada del fallecimiento de don J. R.U. , en partes iguales con la señora M. E. G. desde la fecha de presentación de G. en las actuaciones administrativas (21-XII-1990, conc. art. 34 inc. 1º, párrafo 5º, dec. ley 9650/1980, t.o. dec. 600/1994) y hasta la del fallecimiento de G. (30-VIII-1993), fecha a partir de la cual corresponde se le abone el 100% de la prestación (art. 38, ley citada)
 
 
 

DEL VOTO DEL DR.HITTERS
 
 
 
[…] ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la interpretación de leyes previsionales el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que la inspiran, que son la cobertura de riesgos de subsistencia, ancianidad y protección integral de la familia (Fallos 319:610; 322:2676; 329:5858).
 
Dentro del marco del art. 14 bis de la Constitución nacional y de los criterios legislativos imperantes en el ámbito de la seguridad social, la protección integral de la familia no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo social sería inicuo desamparar núcleos familiares no surgidos del matrimonio (Fallos 312:1833; 313:225; 318:1051; ver asimismo Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Juan Humberto Sánchez c/Honduras", sent. del 7 de junio de 2003, Serie C nº 99).
 
Por ello, aún cuando entre las situaciones de concurrencia pensionaria la norma previsional no contempla la excepcional situación de autos, nada impide la aplicación analógica de tal instituto (arts. 171, Const. provincial; 16, Código Civil; 34.1, dec. ley 9650).
 
 
 
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