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Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

El Comité de los Derechos del Niño adoptó la Observación General N°10 sobre Los Derechos de los Niños en la Justicia Juvenil - 25/4/2007 (trad.: Mónica Urbancic de Baxter) Ver todas las O.G.

Observación General Nro.10 del Comité de los Derechos del Niño sobre "Los derechos de los niños en la Justicia Juvenil" (25/4/2007)

General Comment N°10 (2007) - Children's Rights in Juvenil Justice - CRC/C/GC/10

El Comité de los Derechos del Niño interpreta el contenido de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño mediante Observaciones Generales.

Para apreciar la trascendencia de esta Observación General  emitida por el Comité, ha de  tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la primera oportunidad que tuvo de expedirse sobre "cuestiones trascendentes referidas a la justicia penal de menores" (causa “M., D.E. y otro s/ homicidio calificado”, sentencia del 7/12/2005),  afirmó que, en la actualidad, el sistema jurídico de la justicia penal juvenil se halla configurado por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, normas que resultan de ineludible consideración al momento de la imposición de penas por hechos cometidos a menores (considerando 34)

En el mismo fallo la Corte Suprema  reconoció explicitamente que el Comité de los Derechos del Niño (art.43) es el intérprete de la Convención sobre los Derechos del Niño

Según el considerando 33: "El Comité de los Derechos, intérprete de dicha Convención , ha recomendado a los Estados Parte asegurar ‘la total implementación en la justicia penal juvenil a los estándares de la Convención Internacional del Niño en particular a los arts. 37, 39 y 40 de la Convención, así como a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) y a la Guía de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil’ (Reglas de RIAD)(Dominica CRC/C/15/Add.238. 2004)". La cita remite a las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el Informe presentado por Dominica, de conformidad con el art.44 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fallo "M., D.E. y otro" (Maldonado) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - 7/12/2005

Asimismo resulta de interés mencionar que en la Observación General N°9 sobre "Los Derechos del Niño con discapacidad" se dedican los apartados 73 y 74 a los niños con discapacidad que hayan infringido la ley.

Hasta el momento el Comité ha adoptado 10 Observaciones Generales sobre diferentes temáticas:

Observación General Tema Fecha
Descargar Propósitos de la educación (art.29 párr.1) 17/4/2001
2  Descargar El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño  15/1/2002
3  Descargar El VHI/SIDA y los derechos del niño  17/9/2003
4  Descargar La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño  21/7/2003
5  Descargar Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts.4, 42 y párr.6° del art.44)  3/10/2003
6  Descargar Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen  1/9/2005
Descargar Realización de los derechos del niño en la primera infancia  20/9/2006
8  Descargar El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras forma de castigo crueles o degradantes (art.19, párr.2° del art.28 y art.37, entre otros)  21/3/2006
9   Descargar Los derechos del niño con discapacidad  27/2/2007
10 Descargar Los derechos de los niños en la Justicia Juvenil  25/4/2007

 Agradezco a la Dra.Mónica Urbancic de Baxter, jueza del Tribunal de Familia N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro la traducción completa de la Observación General No. 10  "Los derechos de los niños en la Justicia Juvenil". Su trabajo hizo posible utilizarla como material de estudio, antes de disponer de la traducción oficial del texto del documento. 


Distr. GENERAL - CDN/C/GC/10 - 25 de Abril 2007 - Original: INGLES
44º sesión del COMITE SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Ginebra, 15 de Enero – 2 de febrero de 2007
Observación General No. 10 (2007)
Los derechos de los niños en la Justicia Juvenil

CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN 1-3 3

II. LOS OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN GENERAL 4 3

III. JUSTICIA JUVENIL: PRINCIPIOS GUÍA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL 5 -14 4

IV. JUSTICIA JUVENIL: LOS ELEMENTOS BASE de la POLÍTICA INTEGRAL 15 - 89 7

A. Prevención de la delincuencia juvenil   16 - 21 7
B. Intervenciones / diversificación 22 - 29 8
C. Edad y niños en conflicto con la ley  30 - 39 10
D. Las garantías para un proceso justo  40 – 67 12
E. Medidas   68 - 77 19
F. Privación de la libertad, incluyendo la detención previa al juicio y encarcelamiento posterior al juicio   78 - 89 21

V. LA ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA JUVENIL   90 - 95 24
VI. CONSCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO  96 - 97 25
VII. RECOLECCIÓN DE DATOS, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN    98 - 99 25

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 I. INTRODUCCIÓN

1. En los informes que envían al Comité de los derechos del niño (de aquí en adelante: el Comité),  los Estados partes le dedican una minuciosa atención a las derechos de los niños de quienes se alega, o a quienes se acusa , o se reconoce como que han infringido la ley penal, referidos también como los "niños en conflicto con la ley". En línea con las pautas del Comité para la informes periodicos, la implementación  de los artículos 37 y 40 de la Convención sobre las derechos del niño (de aquí en adelante: La CDN) es el foco principal de la información  proporcionada por los Estados partes. El comité nota con beneplácito la multiplicidad de esfuerzos que realizan a fin de establecer una administración de la justicia juvenil de conformidad con la normativa de la CDN. Sin embargo, queda claro que muchos Estados partes, tienen un largo camino por recorrer para alcanzar tal realización  en completa consonancia con la CDN, V.g. el derecho de los niños en el Proceso Penal Juvenil, el desarrollo e implementación de medidas para tratar con los niños en conflicto con la ley, sin llegar a la judicialización de los casos, y el uso de la privación de la libertad como medida de último recurso.

2. Preocupación del comité por la carencia por parte de los Estados partes de información respecto de las medidas adoptadas para prevenir que los niños entren en conflicto con la ley. Ello puede deberse a la carencia de una política pública integral para el área de la justicia Penal juvenil. Ello explica por qué muchos Estados Partes proveen escasos datos estadísticos con relación al trato que se les da a los niños en conflicto de la ley.

3. La experiencia adquirida al examinar el desempeño de los Estados Partes en el área de la Justicia Juvenil,  es la razón de esta Observación General, mediante la cual el Comité quiere proporcionar a los Estados partes una guía más elaborada y  recomendaciones para sus esfuerzos en pos del establecimiento de una administración de la justicia juvenil de conformidad con las disposiciones de la CDN. Esta justicia juvenil, que fomentaría, entre otros, la utilización de las medidas alternativas tales como de diversión y justicia restaurativa, proveerá a los Estados partes con posibilidades para responder a los niños en conflicto con la ley de un modo efectivo, contemplando no solamente los mejores intereses del estos niños, sino el interés de corto y largo plazo de la sociedad como un todo.


II. LOS OBJETIVOS DE LA PRESENTE OBSERVACION GENERAL

4. En primer lugar, el Comité desea subrayar que el CDN exige que los Estados Partes desarrollen e  implementen una política pública integral de justicia juvenil. Este enfoque integral no se limitará a la puesta en práctica de las provisiones específicas contenidas en los artículos 37 y 40 del CDN, sino debe también considerar los principios generales consagrados en los artículos 2, 3, 6 y 12, y en el resto de los artículos relevantes del CDN, tales como los artículos 4 y 39. Por lo tanto, los objetivos de esta observación general son:
- Animar a los Estados Partes a que desarrollen y pongan en práctica políticas públicas que contemplen y integren la justicia juvenil, ello a fin de prevenir y tratar la delincuencia juvenil de manera concordante y conforme los principios de la CDN, buscar consejo , ayuda y respaldo en el Plantel de Inter agencia para la Justicia juvenil, con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la fundación de los de Naciones Unidas (UNICEF), la oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen (UNODC) y las organizaciones no gubernamentales (ONG), establecidas por la resolución 1997/30 de ECOSOC;

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- Proveer a los Estados Partes de directivas y recomendaciones para que puedan llevar adelante una política pública integral de la justicia juvenil, prestando especial atención a la faz preventiva de la delincuencia juvenil, así como la introducción de medidas alternativas, permitiendo de tal manera brindar respuestas a la delincuencia juvenil sin recurrir al procedimiento judicial, tanto como para la interpretación y la puesta en práctica del resto de las provisiones contenidas en los artículos 37 y 40 del CDN.
- Promover políticas públicas nacionales, integradoras, e integrales de la justicia juvenil, que comprendan los estándares internacionales, a saber: de las reglas mínimas estándares de Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil (las "Reglas de Beijing"), de las reglas de Naciones Unidas para la protección de los juveniles privados de su libertad (las "Reglas de La Habana"), y de las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (las "Directrices  de Riyadh").

III. JUSTICIA JUVENIL: LOS PRINCIPIOS GUÍA QUE DEBEN INTEGRAR LAS POLÍTICAS PUBLICAS

5. Antes de elaborar e indagar en los requisitos del CDN más detalladamente, el comité primero mencionarán los principios generales de la política pública que comprenda la justicia juvenil. En la administración de la justicia juvenil, los Estados Partes deben aplicar sistemáticamente los principios generales contenidos en los artículos 2, 3, 6 y 12 del CDN, tanto como los principios fundamentales de la justicia juvenil consagrados en los artículos 37 y 40.


LA NO DISCRIMINACION (el Art. 2)

6. Los Estados Partes tienen que tomar todas las medidas necesarias a fin de asegurar el tratamiento igualitario de todos los niños en conflicto con la ley. Particular atención se debe prestar a la discriminación y las disparidades de hecho, que pueden ser el resultado de la falta de políticas públicas constantes, ello al no contemplar los grupos más vulnerables de niños, tales como los niños de la calle, los niños que pertenecen a las minorías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas, a los niños indígenas, los niñas, los niños con inhabilidades y discapacidades, los niños que repetidamente se encuentran en conflicto con la ley (recidivists). En este punto, es de fundamental importancia el entrenamiento de todos los profesionales implicados en la administración de la justicia juvenil (véase el párrafo 97 in fine), así como el establecimiento de reglas, regulaciones o protocolos que realcen la igualdad de tratamiento de los niños ofensores, proporcionando a los mismos retractaciones, remedios y compensaciones.

7. Muchos niños en conflicto con la ley son también víctimas de la discriminación, V.g. cuando intentan conseguir acceso a la educación o al mercado de trabajo. Es necesario que se tomen medidas que prevengan tal discriminación, inter alia, al proveer a los niños ofensores de la ayuda y asistencia apropiada en sus esfuerzos a fin de reintegrarse en la sociedad, tanto como la conducción de campañas públicas que acentúen su derecho de asumir un papel constructivo en la sociedad (art. 40 (1)).

8. Es bastante común que los códigos criminales contengan previsiones criminalizantes en relación a determinados comportamiento de los niños, tales como vagancia, “truancy”, fugitivos y otros actos, que son a menudo el resultado de problemas psicológicos y/o socioeconómicos. Particular preocupación genera que las niñas y los niños de la calle sean a menudo víctimas de este criminalización. Estos actos, también conocidos como “ofensas al Status”, no siempre se consideran tales si cometidos por los adultos. El comité recomienda a los Estados Partes a que supriman toda previsión que implique una ofensa al Status a fin de establecer...


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...... una igualdad de tratamiento legal tanto para los niños como para los adultos. En este aspecto, el comité también hace referencia al artículo 56 de las directrices de Riyadh que dice: "en aras de prevenir una mayor estigmatización, persecución y criminalización adicional de personas jóvenes, la legislación debe encausarse de manera tal que asegure que ninguna conducta no considerada ofensa o que no esté penalizada si es cometida por un adulto, tampoco sea considerada una ofensa, ni se encuentre penalizada si es atribuida a una persona joven."

9. Además, comportamientos tales como vagancia, vagabundeando calles o la calificación de ser un fugitivo, deben ser erradicados mediante la puesta en práctica de las medidas protectoras del niño, incluyendo la ayuda eficaz para los padres y/o tutores y/o guardadores, medidas tales que traten desde la raíz, la causa que genera tales comportamientos.

El mejor interés del niño (art. 3)

10. En todas las decisiones que se tomen dentro del contexto de la administración de la justicia juvenil, el mejor interés del niño deben ser una consideración primordial. Los niños se diferencian de los adultos en lo que a su desarrollo psíquico como físico se refiere, tanto así como lo que respecta a sus necesidades emocionales y educativas. Tales diferencias constituyen la base para establecer una menor culpabilidad de niños en conflicto con la ley. Éstas y otras diferencias son razones a fin de que exista un sistema judicial juvenil diferente al de los adultos, por cuanto requieren un tratamiento diverso para con los niños. La protección del mejor interés del niño, significa por ejemplo, a que los objetivos tradicionales de la justicia criminal, tales como represión /retribución, deben llevar necesariamente a la rehabilitación y a los objetivos restaurativos de la justicia al tratar con ofensores niños. Esto se puede hacer en concierto con la aplicación de una política de seguridad pública eficaz.

El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (art. 6)

11. Este es un derecho inherente a cada niño, derecho que debe ser vector de inspiración para que los Estados Partes desarrollen políticas y programas nacionales eficaces para la prevención de la delincuencia juvenil, porque es evidente que la delincuencia tiene un impacto muy negativo en el desarrollo del niño. Además, este derecho fundamental debe dar lugar a una política pública que brinde una respuesta a la delincuencia juvenil, de manera tal que den apoyo al desarrollo del niño. La pena de muerte y la sentencia de por vida se encuentran explícitamente prohibidas en el artículo 37 (a) del CDN (véase los párrafos 75-77 abajo). El uso de la privación de la libertad tiene consecuencias muy negativas para el desarrollo armonioso del niño y obstaculiza seriamente su reintegración a la sociedad. Al respeto, el artículo 37 (b) explícitamente establece que la privación de la libertad, incluyendo la detención, tanto como el encarcelamiento, se debe utilizar solamente como medida de último recurso y siempre que sean apropiadas y por el período de tiempo más corto posible, ello a fin de respetar y asegurar los derechos del niño a un completo desarrollo (véase los párrafos 78-88 abajo citados) .

EL DERECHO DEL NIÑO A SER OIDO (art. 12)

12. El derecho del niño a expresar sus opiniones libremente en todas las materias que lo afecten, debe ser totalmente respetado e implementado a lo largo de cada etapa del proceso judicial juvenil.....

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..... (Véase los párrafos 43-45 abajo citada). El comité observa que las voces de los niños implicados en el sistema judicial juvenil se ha convertido en una creciente y poderosa fuerza , a fin de obtener mejoras y reformas, para que se haga efectivo el cumplimiento de las sus derechos.

Dignidad (art. 40 (1))

13. La CDN proporciona un sistema de principios fundamentales para el tratamiento que se brindará a los niños en conflicto con la ley:
- Tratamiento que sea consistente con el sentido de dignidad y valor que el niño posee. Este principio refleja el derecho humano fundamental engarzado en el artículo 1 de UDHR, que estipula que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos. El derecho inherente a la dignidad y al valor, al que el preámbulo de la CDN hace explícita referencia, debe ser respetada y protegida a través de todo el proceso que lidia con el niño, ello desde el primer contacto con los agentes que tengan a su cargo la aplicación de la ley, hasta el momento de la aplicación de las medidas que le conciernan al niño;

- Tratamiento que refuerce el respeto del niño por los derechos humanos y la libertad de los demás. Este principio se encuentra alineado con las consideraciones que se desprenden del preámbulo en tanto el niño debe desarrollarse y crecer conforme el espíritu de los ideales proclamados en la carta de los Naciones Unidas. También significa que, dentro del sistema judicial juvenil, el tratamiento y la educación de niños deban estar dirigidos al desarrollo del respecto por los derechos humanos y las libertades ajenas (art. 29 (1) (b) de CDN y de La Observación General No. 1 en aras de la educación). Es obvio que este principio de la justicia juvenil requiere un respecto completo para su puesta en práctica de las garantías de un proceso justo reconocido en el artículo 40 (2) (véase los párrafos 40-67 abajo citados). Si los agentes dominantes que integran el plantel de la justicia juvenil, tal como oficiales de policía, querellantes, jueces y oficiales de la libertad condicional, no respetan y no protegen completamente estas garantías, cómo pueden esperar que frente a tan pobres ejemplos el niño respete los derechos humanos y la libertad fundamental de los demás?;

- Tratamiento que considere la edad del niño y promueva la reintegración del mismo, a fin de que asuma un papel constructivo en sociedad. Este principio se debe aplicar, observar y respetar a lo largo de todo el proceso en relación al trato con el niño, ello desde el primer contacto con los agentes que tengan a su cargo la aplicación de la ley, hasta el momento de la aplicación de las medidas que le conciernan al niño. Requiere que todos los profesionales implicados en la administración de la justicia juvenil estén bien informados sobre el desarrollo del niño, la dinámica y el continuo crecimiento de los niños, qué es lo más apropiado para su bienestar, así como cuales son las formas y de que manera penetra la violencia contra niños;

- El respeto por la dignidad del niño requiere que todas las formas de violencia en el tratamiento de niños en conflicto con la ley sean prohibidas y prevenidas. Los informes recibidos por el comité muestran que la violencia ocurre en todas las fases del proceso de la justicia juvenil, ello, desde del primer contacto con el policía, durante la detención previa al juicio, durante la instancia del tratamiento, así como en los establecimientos para los niños condenados a penas privativas de la libertad. El comité urge e impulsa a que los Estados Partes tomen medidas eficaces y efectivas a fin de prevenir tal violencia y de cerciorarse de que los autores sean llevados a la justicia, así como que se cumpla en forma efectiva y se siga las recomendaciones que se desprenden del informe efectuado por las Naciones Unidas y presentado a la Asamblea General en octubre de 2006 (A/61/299).en relación al estudio de la violencia contra los niños.

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14. El comité reconoce que la preservación de la seguridad pública es un legítimo anhelo del sistema judicial. Sin embargo, es de la opinión que estos anhelos obtendrán una respuesta más promisoria, si se ponen al servicio de un total respeto y puesta en práctica de los principios que conducen a alcanzar una justicia juvenil engarzada en las directivas de la CDN.

IV. JUSTICIA JUVENIL: LOS ELEMENTOS BASE DE UNA POLÍTICA PUBLICA INTEGRAL

15. Una política integral de la justicia juvenil debe considerar los siguientes elementos de base: la prevención de la delincuencia juvenil; intervenciones sin recurrir al procedimiento judicial e intervenciones en el contexto de procedimientos judiciales; la edad mínima en materia de responsabilidad criminal y las edades límites superiores de la justicia juvenil; las garantías para un proceso justo; incluyendo la privación de la libertad previa al juicio incluyendo la detención previa al juicio y el encarcelamiento posterior al mismo

A. Prevención de la delincuencia juvenil

16. Una de las metas más importantes de la puesta en práctica del CDN es promover el desarrollo completo y armonioso de la personalidad del niño, los talentos y las capacidades mentales y físicas (preámbulo, y los artículos 6 y 29). El niño debe ser preparado para vivir una vida individual y responsable en una sociedad libre (preámbulo, y el artículo 29), en el que el niño o la niña puedan asumir un papel constructivo con respecto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (artes 29 y 40). Atinente a ello, los padres tienen la responsabilidad de proveer del niño, de una manera constante y de acuerdo con sus capacidades de desarrollo, brindándoles la dirección apropiada en pos de que niños y niñas puedan ejercer sus según lo reconocido en la convención. A la luz de éstas y otras provisiones del CDN, no es obviamente en los mejores intereses del niño si el o ella, si los mismos crecen en circunstancias que pueden convertirse en un riesgo creciente o serio, llevándolos a que queden implicados en actividades criminales. Varias son las medidas que se deben tomar a fin de poner en práctica una completa y equitativa implementación de los derechos a fin de que tengan un adecuado estándar de vida (art. 27), al mejor Standard alcanzable en materia de salud y acceso al cuidado médico (art. 24), a la educación (artes 28 y 29), a la protección contra todas las formas de la violencia, de lesión o del abuso físico o mental (art. 19), y contra la explotación económica o sexual (artes 32 y 34), y a otros servicios apropiados para el cuidado o la protección de niños.

17. Como se declaró anteriormente, una política de justicia juvenil sin un sistema de medidas dirigidas a la prevención de la delincuencia juvenil sufre de defectos serios. Los Estados Partes deben integrar completamente en su política nacional integral de la justicia juvenil las pautas de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (las directrices de Riyadh) adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990.

18. El comité apoya completamente las pautas de Riyadh y conviene que el énfasis se debe poner en las políticas de la prevención que facilitan la socialización y la integración acertadas de todos los niños, en particular a través de la familia, comunidad, de los grupos de pares, de las escuelas, a través de la formación vocacional y/o profesional y del mundo del trabajo, así como por intermedio de organizaciones voluntarias. Esto significa, inter alia, que los programas de prevención deben centrarse en la ayuda para las familias particularmente vulnerables, la implicación de escuelas en la enseñanza de valores básicos (información que incluya los derechos y las responsabilidades de los niños y los padres bajo ley), y extender con especial cuidado y atención dicha información a las personas jóvenes en estado de riesgo. Atendiendo a este aspecto, se debe tener una particular atención respecto de los niños que dejan la escuela o, de alguna manera no llegan a terminar su educación. El apoyo que brinda el grupo de pares tanto como el fuerte compromiso de los padres en ésta tarea es lo que se recomienda. Los Estados partes también deben desarrollar...

página 8 ... servicios comunitarios base y programas que respondan a las necesidades, a los problemas, a las preocupaciones y a los intereses especiales de niños, especialmente respecto de aquellos niños que se encuentran en repetidas ocasiones en conflicto con la ley, así como proporcionan asesoramiento y la dirección apropiadas a sus familias.

19. Los artículos 18 y 27 del CDN confirman la importancia de la responsabilidad de los padres de la educación de sus niños, pero al mismo tiempo la CDN requiere que los estados partes proporcionen ayuda necesaria a los padres (o a otros guardadores/ tutores), en el funcionamiento de sus responsabilidades parentales. Las medidas de ayuda no deben centrarse solamente en la prevención de situaciones negativas, sino también y aún con mayor énfasis en la promoción del potencial social de padres. Hay una abundancia de la información sobre hogar y programas para familias basados en la prevención, tales como entrenamiento para padres, programas para realzar la interacción de los padres con los niños y los programas de visitas al hogar, que pueden comenzar en una edad bien temprana del niño. Además, cabe referir que la educación temprana de la niñez ha demostrado encontrarse correlacionada con un índice más bajo de la violencia y del crimen futuros. En el nivel de comunidad, los resultados positivos se han alcanzado con programas tales como comunidades que cuidan (adaptador de canal a canal), o aquellas estrategias enfocadas en la prevención del riesgo.

20. Los estados partes deben promover y apoyar completamente que los niños se involucren, conforme las pautas sentadas por el artículo 12 del CDN, tanto como la de los padres, y aquellas personas que se destacan como líderes en una comunidad como actores a emular ( Vg. representantes de las organizaciones no gubernamentales ONG, que intervienen en los servicios de libertad condicional y trabajadores sociales), ello, en el desarrollo y la puesta en práctica de los programas de la prevención. La calidad y manera en que se haga efectivo dicho compromiso es un factor dominante en el éxito de estos programas.

21. El comité recomienda a los Estados Partes que busquen ayuda y consejo a través de la inter agencia de la justicia juvenil, ello a fin de que sus esfuerzos puedan desarrollarse en programas de prevención efectivos y eficaces

B. Intervenciones / diversidad (véase también la sección E abajo)

22. Dos clases de intervenciones se pueden utilizar por las autoridades del estado para tratar a aquellos niños que se les alega ser o estar acusados de, o reconocido por haber infringido la ley penal: medidas sin llegar a recurrir al procedimiento judicial y medidas en el contexto de procedimientos judiciales. El comité recuerda a los estados partes el cuidado extremo que deben tomar para asegurarse de que los derechos humanos y las salvaguardias legales del niño sean respetados y protegidos en forma completa.

23. Los niños en conflicto con la ley, incluyendo los niños reincidentes, tienen derecho a ser tratados de maneras tales que lleven a su reintegración social, como a que el niño asuma un papel constructivo en la sociedad (art. 40 (1) del CRC). La detención, el arresto y/o el encarcelamiento de un niño deben ser utilizados como medida de último recurso (art. 37 (b)). Es, por lo tanto, necesario - como parte de una política integral de la justicia juvenil - desarrollar e implementar una amplia gama de medidas que aseguren que los niños son tratados de manera tal que se propenda en forma continua y apropiada para su bienestar, medidas que se encuentren en la debida proporción en relación a la ofensa que han incurrido. Éstos deben incluir cuidado, dirección y supervisión, asesoramiento, libertad condicional, cuidado posterior, programas educativos y de entrenamiento, y otros alternativas al cuidado institucional (art. 40 (4)).

Intervenciones sin acudir al procedimiento judicial

24. Según el artículo 40 (3) de la CDN, los estados partes intentarán promover medidas de manera tal que aquellos niños: alegados como, acusado de, o que se haya reconocido han infringido la ley penal...
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Sin recurrir al procedimiento judicial, siempre que ello sea apropiado y deseable. Teniendo en cuenta los datos que dan cuenta que la mayoría de los niños ofensores comenten solamente ofensas de menor importancia, una gama de las medidas deben implican que dichas situaciones sean retiradas del proceso judicial o remitidos desde la justicia penal juvenil a los servicios (sociales) alternativos (es decir diversión - diversificación) ésta debiera ser una práctica establecida que puede y deba utilizarse en la mayoría de los casos.

25. En la opinión del comité, la obligación de los estados partes de promover las medidas para tratar de los niños en conflicto con la ley sin llegar a recurrir al procedimiento judicial, debe aplicarse, pero no limitarse únicamente a aquellos niños que comenten ofensas de menor importancia, tales como: Vg. Robo en tiendas u otras con daño limitado, o a niños que delinquen por primera vez. Las estadísticas de muchos estados partes indica que grande parte, y a menudo la mayoría, de ofensas cometidas por niños caen en estas categorías. Lo que se encontraría en lineamiento con los principios precisados en el artículo 40 (1) del CDN para tratar estos casos sin llegar a recurrir a los procedimientos del derecho penal en corte. Además de evitar la estigmatización, este acercamiento tiene buenos resultados para los niños y lo es en el interés de la seguridad pública, asimismo se ha demostrado que tales medidas son más rentables.

26. Los Estados Partes deben tomar medidas para tratar a los niños en conflicto con la ley sin llegar a recurrir al procedimiento judicial como parte integral de su programa del sistema de justicia juvenil, asegurándose de tal manera que los derechos humanos y las garantías legales de los niños sean de tal modo completamente respetados y protegidos (art. 40 (3) (b)).

27. Se deja a la discreción de los estados partes la decisión sobre la naturaleza exacta y contenido de las medidas para el trato de los niños en conflicto de la ley sin recurrir al procedimiento judicial, así como la toma de medidas legislativas y otras que fueren necesarias para su puesta en práctica. No obstante, en base a la información proporcionada en los informes de algunos de los estados partes, se vislumbra han desarrollado una variedad de programas comunitarios, por ejemplo servicios comunitarios, la supervisión y la dirección de jóvenes en libertad condicional a cargo de asistentes y/o trabajadores sociales, comunicación familiar y otras formas de justicia restaurativa incluyendo la restitución a y la remuneración a las víctimas. Otros estados partes deben beneficiarse de estas experiencias. Hacia el completo respeto por los derechos humanos y salvaguardias legales es que el comité se refiere a las partes relevantes del artículo 40 del CDN que enfatiza la
- Diversificación (Vg. mide la manera de tratar a los niños, alegados como, acusado de, o reconocido por haber infringido la ley penal sin recurrir a los procedimientos judiciales) debe utilizarse únicamente cuando hay evidencia de que el niño ha cometido la ofensa alegada, y cuando la niña o el niño en forma libre y voluntaria admite dicha responsabilidad, así como que no se ha utilizado ninguna intimidación o presión de conseguir esa admisión y, finalmente, que la admisión no sea utilizada contra la niña o el niño en un procedimiento legal subsiguiente respecto del mismo

- El niño debe dar en forma libre y voluntaria su consentimiento por escrito a esta diversificación, consentimiento que se debe basar en la información adecuada y específica sobre la naturaleza, el contenido y la duración de la medida, y en las consecuencias que pueda traer aparejada la falta de cooperación, la manera en que se realizará la medida y el término de la misma. Con la mira puesta en fortalecer el compromiso parental, los estados partes pueden también considerar el consentimiento de padres, en forma detallada cuando el niño sea menor de 16 años;

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-La ley debe contener previsiones específicas que indiquen en qué casos la diversificación es posible, los poderes de policía, querellantes y/o demás agentes que tomen decisiones al respecto, deben reverse , así como la existencia de una regulación detallada de la intervención de los mismos a fin de proteger al niño contra la discriminación;

- Se le debe dar la oportunidad al niño de buscar ayuda legal u otra asistencia apropiada a fin de que la medida de diversificación aconsejada por las autoridades competentes, pueda ser revisada

- Al completarse la medida de diversificación debe llevar al cierre definitivo y final del caso. Si bien los expedientes confidenciales de aplicación de medidas de diversificación pueden guardarse para efectuar revisiones administrativas y repasar objetivos, los que no deben ser vistos como "antecedentes penales" por lo que si un niño previamente se le aplicó una medida de diversificación no se lo puede considera haya teniendo una pena anterior. Si hay registros de éste evento, el acceso a dicha información tiene que otorgarse exclusivamente por y para un tiempo limitado, V.g. por el máximo de un año, a las autoridades competentes y autorizadas para tratar con niños en conflicto con la ley.

Intervenciones en el contexto de los procedimientos judiciales

28. Cuando los procedimientos judiciales son iniciados por la autoridad competente (generalmente por la fiscalía), los principios de un proceso justo son los que deben ser de aplicación (véase la sección D abajo). Al mismo tiempo el sistema judicial juvenil, debe prever oportunidades amplias al tratar a niños en conflicto con la ley, por ejemplo usando medidas sociales y/o educativas, limitando terminantemente el uso de la privación de la libertad, así como la detención previa al juicio, como medidas de último recurso. En la fase en que se dispone el procesamiento, la privación de la libertad se debe utilizar solamente como medida de último recurso y por el período de tiempo más corto posible (art. 37 (b)). Esto significa que los estados partes deben implementar un servicio bien entrenado de libertad condicional, ello para poder permitir el máximo y efectivo uso de medidas tales como órdenes de dirección y supervisión, libertad condicional, monitoreo comunitario, centros de informe diurnos, y la posibilidad de que el niño esté el menor tiempo posible detenido.

29. El comité recuerda a los Estados partes que, conforme al artículo 40 (1) de la CDN, la reintegración requiere que no se tome ninguna medida que pueda obstaculizar la completa participación del niño en su comunidad, tales como estigmatización, aislamiento social, o publicidad negativa sobre el niño. Para un niño en conflicto con la ley, ser tratado de un modo que promueva su integración requiere que todas las acciones lo respalden para  convertirse en un miembro pleno y constructivo de su sociedad.

The Committee reminds States parties that, pursuant to article 40 (1) of CRC, reintegration requires that no action may be taken that can hamper the child’s full participation in his/her community, such as stigmatization, social isolation, or negative publicity of the child. For a child in conflict with the law to be dealt with in a way that promotes reintegration requires that all actions should support the child becoming a full, constructive member of his/her society.

C. Edad y niños en conflicto con la ley

La edad mínima de la responsabilidad criminal


30. Los informes suministrados por los estados partes demostraron la existencia de una amplia gama de edades mínimas de la responsabilidad criminal. Se extienden desde un nivel muy bajo, así a la edad de 7 u 8 años, o a un nivel más alto, y recomendable que es el de 14 o 16 años. Numerosos estados partes utilizan dos edades mínimas a fin de establecer la responsabilidad criminal. Así niños en conflicto con la ley que al momento de haber cometido el delito se encuentran por encima de la edad mínima, pero por debajo de la edad máxima se los tiene por criminalmente responsables únicamente si tienen el grado de madurez necesaria al respecto. La graduación de dicha madurez se deja a criterio del Tribunal o del Juez, ello muchas veces sin que se haya requerido el informe de un psicólogo, y resulta en la práctica del uso de la edad mínima en casos de...

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...crímenes serios.

El sistema de dos edades mínimas es a menudo no solamente confuso, pues al dejar librado a la discreción del juez o Tribunal la decisión, ello puede dar lugar a prácticas discriminatorias. A la luz de esta amplia gama de las edades mínimas para la responsabilidad criminal el comité se siente en la necesidad de proveer a los estados partes de una dirección clara y recomendaciones con respecto a la edad mínima de la responsabilidad criminal.

31. El artículo 40 (3) del CDN requiere de los estados partes la búsqueda en la promoción, inter alia, de establecer una edad mínima debajo de la cual se presuma que los niños no tengan capacidad a fin de se considerarlos como infractores de la ley penal, pero no menciona una edad mínima específica al respecto. El comité entiende esta disposición como una obligación para los estados partes a fin de que fijen una edad mínima de la responsabilidad criminal (MACR). Esta edad mínima significa lo que a continuación se expone:

- Los niños que comentan una ofensa en una edad por debajo de ese mínimo no pueden ser tenidos por responsable en un procedimiento penal de la ley. Aún cuando - niños (muy) jóvenes si tienen la capacidad de infringir la ley penal, pero cometen la ofensa por debajo de la edad mínima de responsabilidad criminal, es una asunción irrefutable el hecho de que no pueden ser acusados formalmente ni considerados penalmente responsables en un procedimiento penal llevado en legal forma. Para estos niños, pueden tomarse medidas protectoras especiales y en caso de ser necesario atendiendo al mejor interés del niño;

- Los niños que en una edad por sobre ese mínimo establecido a la hora de la comisión de una ofensa (o infracción de la ley penal) pero menores de 18 años (véase también párrafos 35-38 abajo citados ) pueden ser formalmente acusados y conforme los procedimientos judiciales penales establecidos por ley. Pero estos procedimientos, incluyendo el resultado final, deben resultar en un todo de con los principios y las previsiones del CDN según lo elaborado en la presente Observación General.

32. La regla 4 de las reglas de Beijing recomienda que el principio de edad mínima de la responsabilidad criminal (MACR) no podrá fijarse a una edad muy temprana, por lo que debe tenerse en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual. En el mismo lineamiento que ésta regla el comité ha recomendado a los estados partes no fijar un MACR en un nivel de edad demasiado temprano así como fijar dicha edad mínima de responsabilidad criminal (MACR) en un nivel internacionalmente aceptable. De estas recomendaciones, puede concluirse que una edad mínima de la responsabilidad criminal por debajo de los 12 años, el comité la considera internacionalmente NO aceptable. Se recomienda a los estados partes a que aumenten su MACR, cuando el mismo se encuentra por debajo de la edad de 12 años, pues esta es la edad mínima absoluta, así como continuar aumentando a una mayor edad la responsabilidad criminal

33. Al mismo tiempo, el comité impulsa a que los estados partes a que no bajen la edad mínima de la responsabilidad criminal (MACR) por debajo de los 12 años. Un MACR más alto, por ejemplo 14 o 16 años, contribuye a que el sistema de la justicia juvenil, se desenvuelva en un todo de acuerdo con el artículo 40 (3) (b) del CDN, al tratar con niños en conflicto con la ley penal., sin recurrir al procedimiento judicial, propiciando el completo respeto por los derechos humanos de los niños y las salvaguardas legales. Al respecto los estados partes , tienen la obligación de presentar al comité en sus informes -de manera específica y detallada - cual es el trato que brindan a aquellos niños que habiendo infringido la ley penal, o son alegados de, o acusados de, y se encuentran por debajo del sistema de MACR en sus leyes, y que tipo de garantías legales establecen a fin de asegurar que brindan un tratamiento justo y equitativo como el que se les da a los niños que se encuentran en o por encima de la edad de MACR.

34. El comité también expresa su preocupación cuando se permiten excepciones a un MACR, las que dan cuenta del uso de una edad mínima más baja de la responsabilidad criminal en casos tales donde...
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...... el niño, por ejemplo, es acusado de haber cometido una ofensa seria o donde consideran al niño lo suficientemente maduro como para ser considerado responsable criminalmente. El comité recomienda fuertemente a estados partes fijar un MACR y abstenerse de permitir excepciones al mismo, a una edad menor que la establecida por ley.

35. Si no hay prueba de la edad y no puede ser establecido que el niño tiene o está por encima de la establecida por el MACR, no podrán considerar al niño como criminalmente responsable (véase también el párrafo 39 abajo citado).

La edad superior límite para la justicia juvenil

36. El comité también desea llamar la atención a los estados partes en relación a la edad límite superior para el uso de las reglas de la justicia juvenil. Estas reglas especiales - en términos de reglas procesales especiales y de las reglas para la diversificación y las medidas especiales - deben aplicarse, teniendo en consideración el MARC fijado en el país, para todos los niños que, a la hora en que se los acusa de haber cometido una ofensa (o actúen de manera imputable por el derecho penal), todavía no hayan alcanzado la edad de 18 años.

37. El comité desea recordar a los estados partes que han reconocido el derecho de cada niño a ser alegado como, acusado de, o reconocido por haber infringido la ley penal a recibir un trato conforme las previsiones del artículo 40 del CDN. Esto significa que cada persona menor de 18 años a la hora de que se le impute haber cometido una ofensa debe ser tratada de acuerdo con las reglas de la justicia juvenil.

38. El comité, por lo tanto, recomienda a aquellos estados partes que limitan la aplicabilidad de su justicia juvenil a niños por debajo de la de 16 (o menor) años, o que permiten excepcionalmente que niños de 16 o los niños 17 años de edad se les brinde el mismo trato que a los criminales adultos, cambie sus leyes con el objeto de alcanzar un uso completo y no discriminatorio de las reglas de su justicia juvenil, a fin de que sea aplicable a todas las personas menores de 18 años. El comité mira con aprecio a aquellos estados partes que permiten el uso de las reglas y de las regulaciones de la justicia juvenil a las personas mayores de 18, y por lo general hasta la edad de 21 años , sea como regla general o a manera de excepción.

39. Finalmente, el comité desea puntualizar y como hito crucial a fin de la plena implementación del artículo 7 del CDN que requiere, inter alia, que cada niño deba registrarse en forma inmediata al nacer, ello a fin de fijar de una u otra manera las edades límites, y que debiera ser de aplicación en todos los estados partes. Un niño sin una fecha de nacimiento demostrable es extremadamente vulnerable a todas las clases de abuso y de injusticia, ello tanto en el aspecto familiar, laboral, educacional, el trabajo y particularmente dentro del sistema de la justicia penal juvenil. Cada niño debe ser proporcionado una partida de nacimiento gratuitamente siempre que el o ella lo requiera a fin de probar su edad. Si no hay prueba de la edad, se le otorga el derecho al niño a fin de que un médico de confianza o la investigador social para que pueda establecer su edad y, en el caso del conflicto o de evidencia poco concluyente, el niño tendrá el derecho a que se aplique la regla que brinda “la ventaja de la duda” esto es que exista una duda razonable...

D. Las garantías para un proceso justo

40. El artículo 40 (2) del CDN contiene una lista importante de los derechos y las garantías tendientes a asegurar a que cada niño a quien se le imputa , o es acusado de haber infringido la ley penal reciba el tratamiento que le correspondiente tanto como un juicio justo. La mayoría de estas garantías se pueden encontrar asimismo en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas (ICCPR), que el Comité de Derechos Humanos elaboró y comentó en su Observación General No. 13 (1984) (administración de la justicia) que ...
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... actualmente se encuentra en proceso de revisión. Sin embargo, la puesta en práctica de estas garantías para los niños tiene algunos aspectos específicos que se presentan en ésta sección. Antes de adentrarnos a dicho tema, el comité desea enfatizar que una de las claves a fin de una apropiada y eficaz implementación de todos éstos derechos y garantías, es la calificación de las personas implicadas en la administración de la justicia juvenil. El entrenamiento de los profesionales, tales como oficiales de policía, fiscales querellantes, abogados, los representantes legales del niño, los jueces, los oficiales a cargo de la libertad condicional, los trabajadores sociales y demás implicados, es crucial y debe ser llevado a cabo de una manera sistemática y continua. Estos profesionales deben estar bien informados  sobre el desarrollo físico, psicológico, mental y social del niño, y particularmente del adolescente, así como sobre las necesidades especiales de los niños más vulnerables, tales como niños con discapacidad, los niños desplazados, los niños de la calle, refugiados, los niños bajo asilo, los niños que pertenecen a las minorías raciales, étnicas, religiosas, lingüísticas u otras (véase los párrafos 6-9 arriba citados). Puesto que las niñas en el sistema de la justicia juvenil pueden ser pasadas por alto fácilmente, ello al representar un grupo minoritario, se debe prestar especial atención a las particularidades del niño y de la niña, Vg. en lo referente al abuso previo tanto como a las especiales necesidades de su salud. Los profesionales y el personal deben actuar en toda circunstancia atendiendo a la dignidad y valores del niño, reforzando el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los demás, promoviendo la reintegración social del niño así como la asunción por parte del mismo del papel constructivo que posee en la sociedad (art. 40 (1)). Todas las garantías reconocidas en el artículo 40 (2), que será tratado de aquí en adelante, son estándares mínimos, lo que significa que los estados partes pueden y deben intentar establecer y observar mayores niveles, Vg. en las áreas de asistencia legal, tanto en la implicancia del niño o niña y sus padres en el proceso judicial.

Irretroactividad en la JUSTICIA JUVENIL
(art. 40 (2) (a))

41. El artículo 40 (2) (a) del CDN afirma que la regla que establece que ninguna persona será tenido como culpable de ofensa criminal alguna como consecuencia de cualquier acto u omisión que no constituyeran una ofensa criminal ya sea en el marco del derecho nacional o internacional vigente, al tiempo de su comisión es también de aplicación a los niños (véase también el artículo 15 de ICCPR). Significa que ningún niño no puede ser acusado con o sentenciado bajo la ley penal por actos u omisiones que al tiempo de su comisión no se encontraban prohibidos por la leyes nacional o internacional vigentes a dicho momento. Teniendo en cuenta el hecho de que muchos estados partes recientemente han reforzado y/o expandido la normativa del derecho penal a fin de prevenir el terrorismo, el comité recomienda a los Estados signatarios asegurar que tales cambios no den lugar a un castigo con efecto retroactivo o involuntario respecto de los niños. El comité también desea recordar a los estados partes que la regla que establece que no podrá imponerse ninguna pena más pesada que la que era aplicable cuando la ofensa criminal fue cometida, según lo expresado en el artículo 15 de ICCPR, y a la luz del artículo 41 del CDN, es aplicable también respecto de los estados partes de ICCPR. Ningún niño será castigado con una pena más pesada que la que la correspondía se le aplique al momento de su infracción a la ley penal. Pero, si la nueva ley, en cambio prevé una pena más ligera para idéntico acto, el niño se beneficia con dicho cambio.

La presunción de inocencia (art. 40 (2) (b) (i))

42. La presunción de la inocencia es fundamental en lo que a la protección de los derechos humanos de los niños en conflicto con la ley se refiere. Significa que la carga de la prueba de los cargos que pesan contra el niño deberá ventilarse en el proceso. Por lo que el niño al que se le imputa o acusa de haber infringido la ley penal tiene la ventaja de la duda y será solamente culpable de los cargos que se le imputan si es que se ha logrado probar dichas imputaciones más allá de duda razonable. El niño tiene el derecho a ser tratado conforme esta presunción y es el deber de todas las autoridades públicas o de todas las que se encuentren involucradas de no cometer....
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.... prejuzgamiento previo al resultado del juicio. Los estados partes deben proporcionar la información sobre el desarrollo del niño para asegurarse de que esta presunción de inocencia se respete en la práctica. Debido a la carencia de conocimientos suficientes a fin de comprender el proceso, la inmadurez, el miedo y cualquier otra razón, el niño puede comportarse de maneras sospechosas, pero las autoridades no deben dar por sentada la culpabilidad del niño sin la prueba de su real culpabilidad, y siempre más allá de cualquier duda razonable.

El derecho a ser oído (art. 12)

43. El artículo 12 (2) del CDN requiere que se le brinde al nicho la oportunidad de ser oido en cualquier proceso judicial o administrativo que lo afecte, ya sea en forma directa o a través de sus representantes de una manera conteste a la

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