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Derechos de niñas, niños y adolescentes

Hacia un sistema local de protección integral de los derechos

Recuerdos "a trece años de la sanción de la Ley 13298 en la provincia de Buenos Aires"

 

«Que un intendente sea defensor de los derechos de los chicos significa que puede utilizar todos los recursos administrativos a su alcance para que esos derechos sean respetados. Puede crear algunos mecanismos de exigibilidad, para lo que está facultado por la Ley. Esta publicación ayudará a los Intendentes y a los funcionarios de las organizaciones locales a aumentar su enorme capacidad de proteger los derechos de los chicos.»

Dr. Jorge Rivera Pizarro Representante de UNICEF en Argentina

Hacia un sistema local de protección integral de los derechos


Dr. Jorge Rivera Pizarro
Representante de UNICEF en Argentina (2005)

La Convención sobre los Derechos del Niño inauguró una forma diferente de mirar los adultos a los chicos. Proclamó y reconoció que los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos, es decir, sujetos portadores de derechos y estableció un conjunto de responsabilidades de las familias, las comunidades, las instituciones y el Estado para poner esos derechos en vigencia.
Una de las responsabilidades del Estado es acomodar su marco jurídico a los principios y mandatos de la Convención. Lo cual significa sustituir las antiguas, por nuevas leyes que reflejen la visión que el mundo adoptó desde hace más de quince años, para cambiar la forma como los adultos y las instituciones sociales tratan a los niños.
Otra de las responsabilidades que la Convención estableció fue la de cambiar las prácticas sociales de las personas, las familias y de toda la sociedad para que éstas se ajusten a la nueva visión de los derechos.L a forma como actúan las instituciones no puede ya ser la misma de hace quince años!

Crear la cultura de los derechos


La Convención acordó también educar a las y los ciudadanos, así como a los funcionarios de todas las instituciones, en la nueva visión, esto es, construir una cultura del derecho, para que la conducta personal, familiar, comunitaria e institucional se base en los principios y en los mandatos de la Convención.
El documento que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires pone hoy en manos de los lectores, es un acto muy importante de cumplimiento de este mandato de la Convención: contribuir a generar un cambio de cultura en los funcionarios de las instituciones públicas y en la ciudadanía en general. Las personas no cambian y, por tanto, las instituciones tampoco, cuando existe desinformación. Y esto quiere decir dos cosas: una, que no se conoce la ley y su sentido y, otra, la conoce de forma parcial o sesgada. Ciertamente todo cambio produce temores, desacomoda las
rutinas, obliga a esfuerzos personales e institucionales. Puede herir también intereses. Esta presentación transparente de las implicaciones que tiene adoptar una ley, ciertamente aún imperfecta, ajustada al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, quiere contribuir a disipar la desinformación, a reducir los temores al cambio, e invita a reconocer los valores de su adopción, por encima de los intereses personales o de grupo.
De esa manera se podrán, tal vez, vencer las resistencias que todavía existen para que se la ponga en plena vigencia.

Los intendentes, defensores de los derechos de sus ciudadanos


Dirigidas principalmente a los Intendentes y a los funcionarios municipales, las explicaciones que se contienen en esta publicación, proponen y motivan a que la instancia de gobierno más cercana a los niños, niñas y adolescentes, la municipal, ejerza su responsabilidad como principal defensor de los derechos de sus ciudadanos niños.
Proteger y defender los derechos no implica ser el responsable directo de todos los servicios sociales orientados a satisfacerlos: salud, educación, identidad– Implica estar permanentemente atento para que quienes tengan que cumplirlos, lo hagan efectivamente, así como tomar todas las medidas administrativas posibles para evitar que los niños no solamente vean violados sus derechos, sino que los vean amenazados.
Para apoyar a los Intendentes a cumplir este importante rol, la ley establece la creación de un sistema local de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con este nombre se designa la formación de una red, lo más eficiente posible, de instituciones que se comprometen a actuar de manera determinada, según sus competen-
cias, para prevenir violaciones a los derechos y para restituirlos cuando fueren violados.

Lo local, punto de convergencia de los sectores


Los diferentes sectores de la administración pública, por ejemplo, trabajan con una lógica vertical, que los lleva a comportarse con un relacionamiento que sigue, de alguna forma, el ordenamiento jerárquico de cada institución. Cuando un niño se va de la escuela, el hecho es consignado en un registro que pasa del aula al despacho del director, de éste al del supervisor del distrito– y así llega hasta el nivel central, donde se registra en un sistema de estadísticas que, luego de un par de años, aproximadamente, da cuenta a la sociedad de que un porcentaje de chicos dejaron la escuela– Algo similar acontece en el sector salud, pues cuando un niño acude a una consulta hospitalaria con un golpe o una quemadura, además de recibir la atención clínica que corresponda, se convierte en un caso que es reportado de acuerdo al sistema pre-establecido y, luego de algún tiempo, se refleja en un número determinado de casos que acudieron a los hospitales con alguna señal de haber sufrido violencia.
En el nivel local, en el Municipio, es posible hacer que se rompa esa lógica vertical y se transforme en una lógica horizontal, que permita formalizar la comunicación entre las instituciones para que esos sucesos pasen a ser responsabilidad colectiva, de manera que cada organización sepa qué acción tomar para lograr, por ejemplo, que el chico retorne a la escuela, habiendo contribuido a resolver o aliviar los problemas que ocasionaron el retiro de la escuela. O si se trata de salud, para introducir los correctivos necesarios en la conducta familiar. Una acción oportuna de las instituciones puede evitar daños mayores y puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de los chicos. Los acuerdos explícitos entre las instituciones, constituyen los nudos de una red institucional que puede conducir a aumentar la protección de los derechos de los chicos.

Mejorar la gerencia social


El animador de esa red, es el Intendente, función que requiere solamente capacidad de convocatoria y habilidades de gerencia social para lograr una buena interrelación entre las instituciones, así como para gestionar, en los niveles superiores que corresponda, el respaldo institucional, cuando se lo requiera.
Tejer esa red local es construir un sistema de protección. Propiciar la capacitación de las instituciones para que los funcionarios conozcan la ruta crítica que siguen las situaciones más frecuentes de desprotección de los chicos, es tal vez, la tarea más importante que el Intendente puede propiciar. Acordar protocolos de acción con las instituciones para que sepan cómo reaccionar y comportarse frente a un fenómeno determinado es la manera específica de generar los nudos de la red.
Un sistema de protección no es una nueva institución que requiere costos adicionales. Es, fundamentalmente, una manera de enfocar la gerencia social, para potenciar y optimizar los recursos ya existentes. De hecho, el planteo no es nuevo. Algunas de esas interrelaciones entre las instituciones se dan en el nivel local, cuando un director de escuela notifica, por ejemplo, a los responsables de los programas sociales, que un chico pudiera haber dejado la escuela por problemas económicos de sus padres. La intervención del Intendente para potenciar esas capacidades existentes, dará formalidad a estas relaciones.
Que un intendente sea defensor de los derechos de los chicos significa que puede utilizar todos los recursos administrativos a su alcance para que esos derechos sean respetados. Puede crear algunos mecanismos de exigibilidad, para lo que está facultado por la Ley.
Los intendentes realizan enormes esfuerzos técnicos y financieros para prevenir problemas en sus ciudadanos. Desde estar atentos desde que las calles no tengan baches, hasta colocar las señales correspondientes en las vías públicas bajo su control. Esa experiencia preventiva puede ser volcada a los asuntos sociales.
La gerencia social a favor de los niños no solamente llevará a preocuparse y tomar medidas para atender a los chicos que deambulan por las calles, sino que propiciará la instalación de sistemas de alerta temprana para que, a una señal irregular, se active el mecanismo de protección de los derechos de los chicos. El alerta temprana se basa en la recopilación de información que permita observar y monitorear el comportamiento de algunos indicadores básicos sobre el ingreso, permanencia y resultados escolares de los chicos, con el fin de prevenir y reducir las vulnerabilidades del sistema, corregir los efectos perniciosos de las variables que escapan al control mismo del sistema educativo, para tomar las decisiones de política capaces de alinear el uso de los recursos disponibles, al logro de los objetivos y metas trazados.
Esta publicación ayudará a los intendentes y a los funcionarios de las organizaciones locales a aumentar su enorme capacidad de proteger los derechos de los chicos.

 

LEY 13.298 y Decreto 300/05 antes de la reforma de la ley 13.634

 

 

 

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