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Derechos de las mujeres

Recomendación General Nro 36 sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la EDUCACIÓN del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU) - 2017

 

Art.10 de la Convencion sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrminación contra la Mujer

La Convención es la carta internacional de derechos de las mujeres y es un instrumento jurídico internacional vinculante para los 189 Estados que, a junio de 2017, la habían ratificado.

En el artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se aborda el derecho de las mujeres y las niñas a la educación y se establece que los Estados partes han de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación, y, por tanto, deben eliminar la discriminación contra las mujeres en el ámbito de la educación durante toda su vida y en todos los niveles de la enseñanza. Para cumplir el criterio de la no discriminación, la educación debe ser accesible, tanto por ley como en la práctica, para todas las niñas y mujeres, incluidas las de grupos desfavorecidos y marginados, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.


Recomendación General Nro.36 sobre el derecho de las Niñas y las Mujeres a la educación  en sus tres dimensiones: derechos a la educación, en la educación y mediante la educación.

La presente recomendación general está dirigida a todos los funcionarios públicos encargados de formular y aplicar decisiones jurídicas y de política relacionadas con la enseñanza pública y privada en todos sus niveles, a los miembros de los círculos académicos y de investigación, a las asociaciones de estudiantes, profesores y padres, a las entidades públicas y organizaciones no gubernamentales de la esfera de la educación de las niñas y las mujeres, a las organizaciones tradicionales y confesionales, a los medios de comunicación y a las empresas y sindicatos.

Las recomendaciones formuladas en el presente documento establecen criterios para la adopción o reforma de los marcos legislativos y de políticas, así como los recursos financieros y humanos que se precisan para establecer y proteger los derechos de las niñas y las mujeres en esas tres dimensiones [a la educación, en la educación y mediante la educacion]. Si se quiere que la educación llegue a ser el vehículo del empoderamiento personal, social, económico y político de las mujeres y el instrumento que las prepare para aprovechar las oportunidades de contribuir directamente a los procesos nacionales y regionales de desarrollo, es obligatorio, y no opcional, adoptar esas medidas. Sin embargo, los sistemas y estructuras solo se pueden transformar si existe voluntad política. Los Estados partes deben comprometerse a cumplir las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales vinculantes como la Convención, respaldada por las recomendaciones generales del Comité, en particular la recomendación general núm. 28 (2010), relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención.

Las recomendaciones que se formulan en el presente documento están basadas en el acervo jurídico actual derivado de la Convención, incluidas las observaciones finales y recomendaciones generales existentes del Comité, y en la información obtenida de las comunicaciones escritas y presentaciones orales aportadas por los Estados partes y un amplio abanico de interesados, entre ellos organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y representantes del mundo académico, en el marco de una consulta preliminar de medio día de duración que organizó el Comité en julio de 2014. 

En muchas sociedades, en lugar de cuestionar las arraigadas normas y prácticas que discriminan por razón de género, la escolarización refuerza los estereotipos sobre los hombres y las mujeres y preserva el orden de género de la sociedad reproduciendo las jerarquías femenino/masculino y subordinación/dominación y las dicotomías reproducción/producción y privado/público. 

Los derechos mediante la educación determinan las maneras en que la escolarización moldea los derechos y la igualdad de género en aspectos de la vida ajenos al ámbito de la educación. La inexistencia de esos derechos resulta particularmente evidente cuando la educación, que debe ser transformadora, no logra mejorar de manera sustantiva la posición social, cultural, política y económica de las mujeres, lo que les impide disfrutar plenamente de sus derechos en esas esferas.

 

MEDIDAS PARA ELIMINAR LOS ESTREOTIPOS DE GÉNERO:


La discriminación que enfrentan las niñas y las mujeres en la educación es tanto ideológica como estructural. La dimensión ideológica se aborda en los artículos 5 y 10 c) de la Convención: los Estados partes deben modificar los patrones socioculturales de conducta aceptados de los hombres y las mujeres que estén basados en cualquier concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino. Se trata de un aspecto de suma importancia para que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de sus derechos a la educación, en la educación y mediante la educación y que resulta fundamental porque esas prácticas discriminatorias no solo se ejercen en el plano individual, sino que además están codificadas en la legislación, las políticas y los programas y, por tanto, es el propio Estado el que las perpetúa y aplica.

En el artículo 5 a) se aborda la dimensión estructural de la discriminación, que se considera anclada en los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Los Estados partes deben adoptar medidas para transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculinos determinados históricamente. El sistema educativo es uno de los ámbitos que se presta a una transformación que, una vez llevada a cabo, puede acelerar los cambios positivos en otras esferas

 

DERECHOS MEDIANTE LA EDUCACIÓN:

 

Pese a que existen disparidades regionales, a nivel mundial los datos indican que el número de mujeres que tienen títulos de educación superior es mayor que el de hombres y que, por tanto, constituyen la fuente de capital humano más calificada. No obstante, para determinados trabajos y puestos se selecciona preferentemente a hombres que tienen títulos de menor nivel que las mujeres, lo que refuerza el fenómeno universal de la segregación horizontal y vertical por motivos de género en los mercados laborales. La titulación, por tanto, no tiene la misma utilidad social para las mujeres que para los hombres. Incluso en los casos en que ambos sexos tienen niveles educativos equivalentes, los hombres suelen recibir un trato preferente en el empleo.

Esos patrones sistémicos se convierten en una norma, sobre todo en el mercado laboral, que se basa en la ideología según la cual “el hombre es el sostén de la familia”, lo que conduce a que los hombres ocupen las posiciones de dominio en el ámbito del empleo asalariado. En consecuencia, en la mayoría de las sociedades, las mujeres se ven abocadas a puestos de trabajo de menor categoría y niveles más altos de desempleo y de pobreza, son el grupo más numeroso entre los trabajadores a tiempo parcial, ganan en promedio menos que los hombres, tienen una representación desproporcionada en los ámbitos de trabajo vulnerables, y tienen menos oportunidades de trabajo decente. Las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos decisorios a todos los niveles de las instituciones sociales y políticas y carecen de verdadera autonomía personal. Si bien el mayor acceso a la educación ha mejorado las condiciones de vida de las mujeres y de sus hijos, el potencial que tiene la educación, en su estado actual, para cambiar el equilibrio general del poder en las esferas económica, política y social y marcar una diferencia estratégica en lo que respecta al empoderamiento de las mujeres no se ha hecho realidad, debido a unas creencias y prácticas culturales que reproducen los arraigados sistemas, ideologías y estructuras de género.

La persistencia de ese patrón está vinculada a los procesos de socialización que reproducen y mantienen una división sexual del trabajo que determina lo que es femenino y lo que es masculino y que está vinculada, a su vez, a una dicotomía entre lo público y lo privado en la que los hombres dominan la esfera pública y las mujeres la privada. El corolario de ese estado de cosas es que, en lugar de ser transformadora, la escolarización en instituciones se convierte en un instrumento del Estado para reproducir el orden de género y mantener las jerarquías masculino/femenino, dominación/subordinación y público/privado.

La tendencia se prolonga en el plano de la participación de las mujeres en los procesos políticos y de adopción de decisiones, debido a que, como las mujeres están insuficientemente representadas, no pueden influir de manera efectiva en las políticas que las afectan. En 2017, la proporción de mujeres en cargos públicos de elección o designación a nivel mundial era de aproximadamente una mujer por cada cuatro hombres. En las cámaras bajas de los parlamentos las mujeres ocupan el 23,4% de los escaños, y en las cámaras altas el 22,9%. La representación de las mujeres como consejeras o presidentas en los consejos de administración de las entidades públicas y privadas sigue la misma tendencia. Se sigue marginando en gran medida a las mujeres en la esfera política y en los consejos de administración en razón de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios.

 

MATERIALES SOBRE EL PROBLEMA DE LA ESTEREOTIPIA JUDICIAL:


1. 

Estereotipos de Género (Perspectivas legales transnacionales por Rebecca J. Cook & Simone Cusack)

2.

Estereotipia judicial

This paper – Eliminating Judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender-based Violence Cases – is a tool to help eradicate judicial stereotyping. It seeks to raise awareness of, and encourage advocacy related to, judicial stereotyping in gender-based violence cases. The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) hopes it will help to promote a dialogue on judicial stereotyping and contribute to improved justice outcomes for women victims and survivors of violence. The OHCHR also hopes that the paper will encourage states to monitor and evaluate the effectiveness of existing practices for addressing judicial stereotyping, including in gender-based violence cases. 8 Ibid, 102. 9 Pillay, supra note 4. Simone Cusack, Eliminating Judicial Stereotyping (2014) iv Table of Cont

3. Estereotipos de Género como violación de derechos humanos

 

4. Revista EUNOMIA Revista en Cultura de la Legalidad Nro.9 Octubre 2015-Marzo 2016

 

OBSERVACIONES FINALES SOBRE ARGENTINA DEL COMITÉ (2016)

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